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CUERNAVACA, Mor (Proceso).– La crisis de los tres poderes en el estado es histórica y se ha convertido en un problema de gobernabilidad al que el gobierno federal debería poner atención, ya que, si trasciende, “podría convertirse en un problema de seguridad nacional por el papel que están jugando los grupos del crimen organizado”, así lo advirtió Gustavo Arce Landa, profesor e investigador del Colegio de Morelos.
La convulsión política que estalló con la detención del fiscal Uriel Carmona, y el intento por deponer al presidente del Poder Judicial, Jorge Gamboa Olea, el pasado lunes, dan cuenta de un problema con consecuencias negativas para la población, como lo están siendo la falta de servicios públicos eficientes, la incapacidad para brindar seguridad a las personas y sus bienes, la imposibilidad de mejorar las condiciones de vida de las familias, así como la percepción de incertidumbre e indefensión, así lo mencionó el experto en entrevista con Proceso.
Detalló que lo ocurrido en los últimos días en Morelos demuestra que hay crisis de ingobernabilidad del que es posible salir, pero sólo con la intervención federal.
La parálisis institucional, asegura, se deriva de “la incapacidad del Ejecutivo de operar políticamente”, de generar consensos y diálogos con los otros poderes y con las demás fuerzas políticas en la entidad.
El investigador y maestro en Seguridad Nacional anunció que es importante que, antes de iniciar el proceso electoral, la crisis política pueda tener una salida que brinde racionalidad a la vida política de la entidad, y para ello es fundamental la participación del gobierno federal, insiste. De otra manera, lo único seguro es que la violencia se incrementará a nivle nacional.
Durante la semana que el presidente López Obrador le expresó a Blanco su apoyo, Morelos sufrió cerca de 50 asesinatos; al menos 12 de las víctimas fueron mujeres.
Para la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, integrante del grupo opositor al gobernador en el Legislativo, más que una crisis, en la entidad hay “una fuerte descomposición social” que se ha traducido en un clima de encono entre los grupos de poder y los representantes de las instituciones.
En entrevista telefónica, la presidenta de la Comisión de Asuntos de Género del Legislativo lamenta que los índices de violencia contra las mujeres se hayan elevado de manera alarmante.
Aseguró que estas cifras son parte de la descomposición social, que tiene responsables. Evitando señalarlos directamente, dijo que algunas instituciones parecen no estar haciendo su trabajo.
La diputada recuerda que, desafortunadamente, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se convirtió en aquello que juró destruir, y para ello compara cómo en el gobierno de Graco Ramírez, su hijastro Rodrigo Gayosso se convirtió en el operador político y ahora con Cuauhtémoc Blanco es su medio hermano Ulises Bravo quien hace lo propio.
Pero más allá de esto, Morelos vive una crisis sin precedentes, pues la parálisis, caos e ingobernabilidad que se vive, ni siquiera se comparan con lo ocurrido en 1997, cuando el entonces gobernador, Jorge Carrillo Olea, se vio obligado a dejar el cargo. “En aquel momento, el Congreso, aún con un número significativo de diputados del PRD, sirvió como garante para la transición”, recuerda la legisladora petista.
El lunes 7 de agosto las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y las de El Txoro Matutino, un medio radiofónico crítico al gobierno, fueron atacados a balazos.
Apenas el 27 de julio pasado la periodista de ese medio, Viridiana Arias, estuvo en la mañanera y planteó al presidente López Obrador cifras críticas en materia de seguridad del mandato de Blanco.
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Mientras todo esto sucedía y sucede, el gobierno del estado simplemente ha guardado silencio al respecto.
Antes del viernes pasado, el mandatario estatal se deslindaba del problema de seguridad diciendo que “el fiscal debería ponerse a trabajar para atrapar a los delincuentes”.
FUENTE: PROCESO.COM.MX