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Rúbrica; Violencia de Estado en Veracruz

- June 1, 2021
Por Aurelio Contreras Moreno
El gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez va que vuela para
convertirse en el más represor de los últimos 20 años. Y vaya que esa vara la
tenía alta.
A macanazo limpio, su policía se ha dedicado en las últimas semanas a coartar
cualquier expresión de protesta social o política, en una actitud más cercana a la
de los gobiernos bananeros sudamericanos de los 70 que a la de una
administración supuestamente progresista y respetuosa de los derechos
fundamentales, como presume ser en general el régimen de la autoproclamada
“cuarta transformación”.
La policía al mando del secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez
Maldonado lo mismo agrede y detiene maestros que a pobladores de municipios
serranos, quienes protestan por diferentes causas y lo único que logran como
respuesta es la “ley del garrote” con la que el gobierno estatal de Morena ha
decidido darse a “respetar”.
En menos de tres días, la policía estatal se dio vuelo contra decenas de
veracruzanos. Lo mismo arremetió contra habitantes del municipio de Maltrata,
ubicado en una región asolada por el crimen organizado, que contra pobladores
de Comapa, en la zona de las altas montañas, también infestada de delincuentes.
En Maltrata protestaban por el plagio de un joven y, si bien algunos portaban
armas –a ese extremo hay que llegar ante la ausencia de garantías de seguridad
en la entidad-, no agredieron a nadie.
En Huatusco, los habitantes del vecino municipio de Comapa se presentaron en
las instalaciones de la Fiscalía Regional para exigir la liberación de un joven
detenido por la misma policía, que para “dialogar” lanzó gases lacrimógenos y
toletazos a discreción contra los inconformes, entre los que se encontraban
menores de edad. Hasta a los reporteros que cubrían los hechos les tocó su
“tanda” de macanazos.
La violencia y los abusos policiacos han tomado carta de naturalización en
Veracruz desde que en el Congreso del Estado se aprobó la reforma al Código
Penal que da a los elementos de seguridad pública la potestad de detener a quien
se les ponga enfrente bajo el cargo de “ultrajes a la autoridad”, tipo penal violatorio
de los derechos humanos que por eso mismo ha recibido múltiples condenas de
parte de asociaciones civiles, profesionales del derecho y defensores de garantías
individuales. Mismas que el gobierno de Cuitláhuac García simplemente ni ve, ni
se digna a oír.
En ese sentido, no sorprenden los resultados reflejados por el Índice de Estado de
Derecho en México 2020-2021 de World Justice Project, organismo que durante
más de una década ha aplicado encuestas en más de 120 países para medir,
desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho, “a
partir de las experiencias y percepciones de las personas en temas como
corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos
fundamentales y acceso a la justicia”, según se refiere en el resumen ejecutivo del
estudio.
De acuerdo con este reporte, en el último año Veracruz retrocedió cuatro lugares
en los índices de adhesión al Estado de Derecho, ubicándose en la posición 26
entre los 32 estados de la República con un puntaje de 0.37, donde 1.0 indica el
mayor respeto a la legalidad.
Pero al acudir al análisis por factores particulares, el desempeño de la entidad es
simplemente desastroso.
En materia de límites al poder gubernamental se ubica al
fondo de la tabla, ocupando el lugar 32 entre todas las entidades federativas. O
sea, el último. Lo que habla de un gobierno fuertemente autoritario, como ha
quedado de manifiesto en su respuesta a cualquier expresión de protesta social.
Pero no es lo peor.
La entidad también ocupa el último lugar nacional en materia de justicia penal y
derechos fundamentales. Y se encuentra en el lugar 30 en el rubro de justicia civil,
de acuerdo con este ranking.
Y por si algo faltara, en el rubro referido a la principal “bandera” de los gobiernos
de la llamada “cuarta transformación”, Veracruz también ocupa un lugar bajo,
mediocre: se ubica en el puesto 24 en el índice de ausencia de corrupción. Ellos,
los “honestos”, juran.
Y apenas estamos por ver hasta dónde están dispuestos a llegar para retener el
poder como sea en lo que resta de esta semana.