El pasado 17 de junio, tanto la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinaron que no se detectó violación a los derechos humanos -que pudiera impulsar el inicio de un proceso judicial de garantías constitucionales- en la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro y que deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Sin embargo, el Concejo indígena de gobierno de Santiago Mexquititlán insiste en movilizar protestas y salir de nueva cuenta a protestar por una ley que a todas luces no contraviene los derechos humanos de la sociedad queretana.
Y como las declaraciones del Concejo indígena de gobierno de Santiago Mexquititlán no han tenido eco en nuestro estado, después de la resolución de los organismos de derechos humanos, ese Consejo decidió salir de Querétaro para anunciar desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez una movilización para el 29 de julio próximo a las 5 de la tarde. La movilización saldría de Los Arcos, a la altura de Bernardo Quintana, en la capital de Querétaro. Ellos, los miembros del Concejo indígena, están llamando a la protesta en la que piden que se lleven carteles en contra de las autoridades estatales.
Piden que se lleven carteles que exijan la derogación de lo que ellos titularon “Ley Kuri” como si el gobernador de nuestro estado hubiera sido el autor de esa ley.
Si los dos organismos garantes de los derechos humanos, los llamados defensores del pueblo ya analizaron a fondo la ley y dieron su opinión, no hay motivos para seguir peleando y oponiéndose a algo que ya fue cosa juzgada.
Si hubiera algo malo o violatorio de las garantías individuales de la sociedad queretana, ya se habrían puesto en marcha los mecanismos que constitucionalmente se tienen como, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad que nadie interpuso.
